Las asociaciones vecinales reclaman acción urgente frente a la contaminación acústica
La C.E.A.V. alerta del grave impacto del ruido en la salud y exige a las administraciones el cumplimiento estricto de la normativa
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (C.E.A.V.) ha aprobado en su Asamblea General, celebrada en marzo de 2026, un manifiesto en el que reivindica una actuación inmediata y decidida frente a la contaminación acústica, un problema que —según denuncian— continúa infravalorado pese a su impacto directo en la salud pública.
Desde las asociaciones vecinales se recuerda que esta fecha de abril, dedicada desde 1996 a la concienciación sobre el ruido, tiene como objetivo visibilizar la necesidad de proteger la audición y reducir las molestias y daños que el exceso de ruido provoca en la población. Sin embargo, la mayoría de la ciudadanía convive con niveles sonoros perjudiciales sin ser plenamente consciente de sus consecuencias.
Un problema de salud pública ignorado
El manifiesto subraya que la contaminación acústica es un factor de riesgo demostrado. La exposición continuada al ruido incrementa la presión arterial, altera la frecuencia cardíaca y puede derivar en hipertensión y enfermedades cardiovasculares. También se relaciona con problemas cognitivos, especialmente en la infancia, afectando al aprendizaje y al rendimiento escolar.
Asimismo, el ruido del tráfico urbano se vincula con un mayor riesgo de ansiedad, depresión y un aumento de ingresos hospitalarios urgentes por enfermedades como esclerosis múltiple, Parkinson o demencia. Incluso se ha observado una relación con un incremento de la mortalidad por diversas causas. A ello se suma el impacto en la salud mental, con más ingresos urgentes por trastornos psicológicos.
Una cuestión también de derechos fundamentales
La C.E.A.V. recuerda que la contaminación acústica puede vulnerar derechos básicos como la intimidad personal y la inviolabilidad del domicilio, especialmente durante el horario nocturno. Por ello, insiste en que las administraciones públicas —y en particular los ayuntamientos— deben ejercer de forma eficaz sus competencias en materia urbanística y ambiental.
El manifiesto repasa el marco legal vigente, desde la Directiva europea 2002/49/CE hasta la Ley estatal 37/2003 del Ruido, sus reales decretos de desarrollo, las leyes autonómicas y las ordenanzas municipales. También destaca la relevancia de la sentencia 16/2004 del Tribunal Constitucional, que estableció los principios jurídicos que hoy sustentan la protección frente al ruido.
Exigen inspecciones, mediciones y transparencia
La Confederación reclama que las administraciones dispongan de los recursos económicos y técnicos necesarios para realizar inspecciones rigurosas y actuar con rapidez ante focos ruidosos, tanto en entornos urbanos como rurales. También consideran imprescindible aumentar las mediciones oficiales en los domicilios y en todas las franjas horarias.
Además, insisten en la necesidad de garantizar la transparencia en materia acústica para que la ciudadanía afectada pueda conocer sus derechos y ejercer las acciones necesarias en defensa de su salud y bienestar.
Participación ciudadana y control del ocio en el espacio público
El manifiesto subraya la importancia de la participación vecinal en la gestión de los conflictos derivados del ruido, especialmente aquellos relacionados con el ocio en el espacio público. La C.E.A.V. defiende que estas actividades deben estar sujetas a una regulación estricta y a limitaciones horarias claras para evitar perjuicios a los residentes.
